Hoy, 5 de febrero, víspera del octavo aniversario de la tragedia del Tarajal, nos reunimos en esta playa, la misma que fue testigo de que nuestros 14 compañeros, hermanos, murieran por culpa de un sistema político, económico y social que promociona políticas que repudian y arrinconan a las personas de un determinado perfil étnico-racial y con menos recursos, que las invisibiliza y les niega el derecho a la vida. Porque la vida no es vida si no es digna y segura.

La securitización y militarización de las fronteras de los países enriquecidos por el expolio de los recursos humanos y materiales del sur global es un negocio criminal que nos vende seguridad bajo una falsa amenaza. Pero en este negocio también salen ganando los países mercenarios que sacan partido económico a costa de vulnerar los derechos humanos al proteger los intereses de quienes históricamente les han explotado y repudiado. En definitiva, tanto unos como otros se lucran del sufrimiento ajeno y de las muertes de miles de personas jugando con sus esperanzas y sueños.

Este es un círculo vicioso que incentiva la vulneración sistemática de los derechos de la infancia y su criminalización, las carencias del sistema de protección hacia las mujeres, la islamofobia, el racismo, el resurgimiento de los discursos de odio al amparo de la extrema derecha, con un objetivo muy claro: crear división y fomentar el enfrentamiento entre las personas de a pie para que este sistema racista y sus instituciones sigan enriqueciéndose.

Por las 4.404 personas que durante 2021 han muerto y desaparecido en la frontera occidental euroafricana, por todas las personas que yacen en el fondo del mar, las enterradas sin nombre, las que no salieron del desierto, por las que siguen sufriendo la crueldad de la frontera y la discriminación y el racismo a diario,

DENUNCIAMOS:

– La constante criminalización hacia las personas migrantes, a las que sin haber cometido ningún delito, se las estigmatiza y se las expone todavía más a una vulneración de sus derechos.

– Que la actual Ley de Extranjería no permite que las personas de países del sur global puedan migrar de forma legal y segura si no es jugándose la vida.

– Que existe toda una industria militar y de securitización que impide a las personas ejercer el derecho a la libre circulación.

– Que las administraciones públicas y el Ministerio del Interior, en especial, operan con una falta de transparencia y opacidad absoluta que les permite vulnerar los derechos humanos de forma sistemática bajo el amparo de la ley y de las relaciones internacionales.

– Que la dejadez en establecer un sistema digno de acogida por parte del Gobierno y las administraciones públicas expone a las personas a una vulneración de sus derechos y a sobrevivir en unas condiciones lamentables y pésimas como ocurre en los puertos de Frontera Sur y, en especial en Canarias, donde las medidas de urgencias que se aplicaron hace ya dos años, a día de hoy siguen siendo las mismas.

– Que la burocracia, la invisibilidad y la falta de sensibilidad ante las muertes de personas en la Frontera Sur es otra herramienta más de opresión para los familiares de las miles de personas que se encuentran desaparecidas o en el fondo de nuestros mares y océanos al impedirles o negarles que puedan identificar o dar sepultura con dignidad a sus seres queridos.

 

Por todo ello, EXIGIMOS:

– La creación de un sistema de acogida que sea digno donde se respeten y garanticen los derechos recogidos en la Declaración de los DDHH, en la Convención de los Derechos de la infancia y en el Estatuto de las personas refugiadas.Recursos eficientes, eficaces y protección real ante la trata de seres humanos. Los discursos intencionadamente difusos y revictimizadores exponen a una mayor vulnerabilidad a las posibles víctimas y no cumplen el objetivo de protección; con lo que se han convertido en un instrumento más de control racista y xenófobo.

– El Cierre de los Centros de Internamiento de Extranjeros; una falta administrativa no debe ser la causa para el encierro en cárceles racistas en condiciones inhumanas con la excusa de materializar la expulsión de un territorio.

– #RegulaciónYa. Una solución a la irregularidad administrativa ya que la ausencia de un marco normativo garantista expone potencialmente a todas las personas a un contexto de explotación en todas sus esferas.

– Políticas públicas con medidas concretas y presupuesto suficiente contra los discursos de odio, el racismo y la xenofobia donde la riqueza de la diversidad y la inclusión se reconozcan como pilares fundamentales de una sociedad democrática

 

Porque migrar es un derecho. Vías legales. Vidas seguras.

TARAJAL, NO OLVIDAMOS.

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