Nave de Badalona: desalojo de un centenar de personas
En Badalona, el 9 de diciembre de 2020, en una nave desocupada, hubo un incendio en que murieron cuatro personas inmigrantes y décimas otros resultaron heridas. Sobre esta tragedia, El Punt-Avui ya publicó, el 18 de diciembre del 2020, un artículo de ACAT, firmado por Emili Chalaux Ferrer. Pues bien, una parte de las personas inmigrantes que salieron ilesas formaron parte, posteriormente, de los desalojados del 13 de enero del 2022.
En efecto, el jueves 13 de enero de 2022, cerca de un centenar de personas subsaharianas, que malvivían en una nave de la Sareb en el badalonés barrio del Gorg, fueron desalojadas después de un fallido proceso de mediación. No se aceptó aplazar el desalojo por un periodo de tres meses como pedían los afectados y algunas plataformas de Derechos Humanos. Tampoco salió bien el recurso interpuesto al Tribunal Europeo de Derechos Humanos para parar, de forma cautelar, el desalojo. Al cabo de pocos días, el Ayuntamiento de Badalona pudo alojar 56 en una pensión, pero solo hasta el 13 de abril.
A raíz de este caso, cinco entidades sociales (Santo’Egidio, Fundació Arrels, Cáritas Catalunya, San Juan de Dios servicios sociales y Assis centre d’acolliment) presentaron en el Parlamento de Catalunya, el 24 de enero pasado, un proyecto elaborado conjuntamente con el mundo académico (en particular, cuatro profesores de la Universitat Autònoma de Barcelona), para combatir el “sinhogarismo”, proyecto que, de ser adoptado, beneficiaría a 18.000 personas que, según las entidades citadas, sufren el azote de no tener hogar. Los firmantes piden que el Parlamento lo pueda aprobar antes de final de año.
Hasta aquí la descripción táctica. Pero el lector se puede legítimamente preguntar: y qué piensa, de todo esto, ACAT?
El maltrato que sufren estos inmigrantes es un caso de escuela; y como explicábamos en nuestro artículo de El Punt-Avui, la mayoría de estas personas son jóvenes y todo el que quieren es trabajar. Todo el mundo sabe que la agricultura, por ejemplo, y otros sectores de actividad, carecen de brazos. Si los campesinos pudieran contratar trabajadores subsaharianos, no ganaría toda la sociedad?
Montserrat Fenosa, Vice-presidenta de ACAT, explicaba en el artículo “Una rendija de luz para los jóvenes migrantes” publicado en el boletín 139, que el decreto 903/2021 reformando el Reglamento 511/2011 de la Ley de Extranjería, relativo al régimen jurídico de menores extranjeros y jóvenes extutelados, ha permitido que se pueda conseguir un trabajo en un plazo mucho más corto de tiempo que antes.
La pregunta es pues: ¿por qué razón no se lleva a cabo una modificación parecida, bajo condiciones a determinar, que permita a los inmigrantes extranjeros, en una situación tan precaria, poder cumplir su deseo de trabajar? Ciertamente, todo el mundo ganaría: los campesinos podrían contratar ayudantes valiosos; los inmigrantes se verían realizados, humanamente y profesionalmente; el problema de la vivienda se resolvería automáticamente (puesto que en las masías sobra lugar) mientras que la economía del país mejoraría notablemente. Y no hay que decir que esto también es aplicable a otros sectores de actividad.
Tenemos ya un precedente en 2007: la regularización extraordinaria de inmigrantes llevada a cabo por el gobierno de Rodríguez Zapatero que, además de solucionar la situación personal y humana de miles de clandestinos, reflotó las cuentas de la Seguridad Social con 2.300 millones, según los informes. Hay que recordar que, en aquel momento, ya se estaba recomendando a la generación “baby boom” hacer planes de pensiones privados ante la previsión de no poder pagar las pensiones estatales a 20 años vista. Las estadísticas actuales prevén, por un lado, que la Europa envejecida necesita, y necesitará cada vez más, personas extranjeras que trabajen; y, por otro lado, que mientras un nuevo orden mundial no sea posible, el aumento poblacional en África y sus condiciones de vida generarán inexorablemente grandes flujos de emigración hacia los países ricos y desarrollados.
(Foto: Pedro Mata)
La Junta de ACAT,
16 de febrero de 2022