Igualmente creemos que esta lucha supone un acuerdo social donde además de la sociedad civil, también las instituciones, públicas y privadas, tienen un papel importante en la prevención y en la defensa contra la tortura y otros maltratos.
Por eso no dudamos a dialogar y dirigirnos a representantes políticos, o de las iglesias, jefes de las empresas, etc. ante situaciones concretas para que velen por la prevención y la erradicación de la tortura y de la impunidad a los ámbitos legal-normativo, de actuación, de formación y de supervisión para proteger las personas y colectivos de cualquier maltrato.